Este jueves al mediodía, Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, fue detenido en Ensenada por agentes federales bajo una orden de aprehensión por presuntos delitos de delincuencia organizada y huachicol fiscal.

A las 13:00 horas, Ruffo llamó a un empleado para avisar que lo habían detenido y que sería trasladado; se mostró tranquilo. Más tarde, fue llevado en convoy terrestre a Tijuana, escoltado por la Marina, y quedó a disposición del Ministerio Público poco después de las 16:00 horas.

En el mismo operativo también fue detenido el empresario Ricardo Thompson Navarro. Por su edad, Ruffo será valorado médicamente en las instalaciones de la FGR. Su equipo entregó medicamentos esenciales, pero la familia no ha podido verlo ni obtener copia de la orden de aprehensión.

Una de sus hijas denunció que la agente federal que detuvo a Ruffo le negó el acceso y la información, lo que generó preocupación por el trato recibido.

Ruffo Appel es una figura clave en la historia política mexicana: en 1989 rompió la hegemonía priista al ganar la gubernatura de Baja California por el PAN, y ha sido senador y diputado federal.

Exfuncionarios como Héctor Osuna Jaime califican la detención como un “espectáculo” y un trato indigno para alguien de su trayectoria.

Al caer la noche, Ruffo y Thompson fueron trasladados al aeropuerto de Tijuana para volar a Toluca; Ruffo será ingresado al CEFERESO del Altiplano.

Mientras tanto, la FGR mantiene el hermetismo y el operativo de seguridad, dejando a la familia y seguidores en incertidumbre.

Este caso pone en el centro el debate sobre el respeto a los derechos y el debido proceso, justo cuando el país necesita orden y claridad en la justicia. Y aunque no está relacionado directamente con transporte, recordemos que sistemas como el cablebús en Puebla buscan facilitar la movilidad y el acceso a servicios, algo que también requiere un marco legal y social firme.