El pasado 27 de marzo, a las 2 de la mañana, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) llegó con todo a un aserradero en San Lucas el Grande, San Salvador El Verde, y una familia acusa que más que un cateo, fue un saqueo. Flor Ruiz y su mamá cuentan que más de 10 agentes armados irrumpieron en su casa y negocio, sin mostrar orden judicial ni permitir que el dueño entrara.

La familia se refugió en la azotea hasta las 7 am y al bajar descubrieron que les habían desactivado cámaras, revuelto todo y robado joyas, dinero y hasta bolsas de mano. Además, el hermano de Flor fue detenido sin explicación, mientras que su esposa e hijos fueron encerrados en un auto y amenazados con armas. También desaparecieron varios autos particulares y camiones del negocio.

Lo más grave: la orden de cateo fue firmada por un juez que está bajo investigación por la Fiscalía General de la República, y la familia denuncia que la Fiscalía no documentó ni justificó bien la diligencia. La acusación oficial se basa en supuesta trata de personas con explotación laboral de menores, pero la familia niega todo y señala que hay irregularidades, como negar la presencia de menores y ocultar la participación del Ejército.

Este caso muestra cómo la autoridad puede pasarse de la raya y afectar a familias que solo quieren trabajar. En tiempos donde el orden y la justicia deben prevalecer, es clave que se investigue a fondo y se respeten los derechos. Mientras tanto, la familia pide que su historia se conozca para poder volver a la normalidad y reactivar su negocio.