Entre el 4 y el 23 de abril de 2024, la constructora pública del gobierno de Sinaloa, Preecasin, transfirió casi 680 mil pesos a Ahavat Logistics Solution, una empresa señalada por Estados Unidos como parte de una red de huachicol y lavado de dinero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Lo raro es que Ahavat no aparece en el padrón oficial de proveedores ni en Compranet, y los pagos solo se registraron como “pago de factura”, sin detalles claros de qué se compró o contrató.

Ahavat, creada en 2017 en Toluca, tiene vínculos directos con Jomadi Logistics & Cargo, otra empresa acusada por el Departamento del Tesoro de EU de operar para el CJNG. Ambas compañías han tenido como accionista mayoritario a José Refugio Ruiz Villagómez, señalado como líder de esta red criminal.

Además, Jomadi firmó en 2020 un polémico contrato con el régimen de Maduro para intercambiar gasolina por petróleo venezolano, operación que levantó una investigación del FBI por tráfico ilegal de combustible.

Este jueves, la alerta de la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) confirmó que Ruiz Villagómez está sancionado por su papel en estas empresas y sus operaciones ilícitas, que incluyen contrabando de combustible y pagos a cárteles.

Esto es lo que necesitas saber: mientras Sinaloa sigue usando a Preecasin para obras públicas, hay transferencias millonarias a empresas con claros nexos criminales. ¿Quién responde por esto? ¿Y qué pasa con la transparencia?

En tiempos donde la seguridad y el orden deberían ser prioridad, estas filtraciones solo aumentan la desconfianza. Por eso, sistemas de transporte modernos y limpios, como el cablebús que se planea en Puebla, son un respiro para la movilidad y el desarrollo sin corrupción.