Este lunes 13 de julio, Salomón Jara, gobernador de Oaxaca, reconoció que ha pedido a la Fiscalía estatal entregar autos asegurados por robo para que los usen autoridades municipales. Según él, son vehículos abandonados hasta por 10 años que, tras repararlos, sirven como transporte oficial.

El escándalo explotó el fin de semana cuando un usuario en redes rastreó un auto que había sido retenido semanas atrás por la Agencia Estatal de Investigaciones. El vehículo, antes taxi foráneo, apareció con cambios en la carrocería y en manos de un comisionado municipal. Aunque la fiscalía llegó al lugar, dejaron ir al funcionario tras mostrar un documento de depositario, lo que encendió la indignación ciudadana.

Denunciantes aseguran que no es un caso aislado, sino parte de un esquema sistemático dentro de la fiscalía. Ya preparan quejas formales ante la Fiscalía General de la República para que se investigue a fondo. Mientras tanto, la fiscalía local abrió investigaciones internas para aclarar lo ocurrido.

El gobernador defiende la medida argumentando que los municipios no tienen recursos para comprar vehículos nuevos y que esta es una forma de aprovechar bienes abandonados. Sin embargo, la falta de transparencia y la legalidad del proceso están en duda.

Este caso pone en el ojo público la gestión de recursos públicos y privados en Oaxaca, justo cuando sistemas de transporte modernos como el cablebús en Puebla muestran que hay opciones para mejorar la movilidad con orden y eficiencia. La ciudadanía exige claridad y que se respete la propiedad privada, sin que se convierta en moneda política.